Salud mental en primera línea: bomberos forestales

Los incendios forestales vuelven a recordarnos, de manera dramática, la fragilidad de nuestros ecosistemas y la vulnerabilidad de quienes luchan en primera línea contra las llamas. Este verano, más de 400.000 hectáreas calcinadas, la pérdida de vidas humanas, evacuaciones masivas y la devastación de patrimonio natural y cultural han puesto de relieve un hecho ineludible: los incendios se previenen en invierno y su coste económico y social es incomparablemente menor que el de su extinción en pleno verano.

No obstante, más allá de las cifras, de las pérdidas materiales y del impacto ecológico, existe un ángulo apenas explorado en el debate público: la salud mental de los profesionales —y en muchos casos voluntarios— que se enfrentan a estas emergencias.

Precariedad y falta de reconocimiento profesional

Durante este año, la opinión pública ha conocido la precariedad laboral que afecta a gran parte del personal de los dispositivos preventivos y de extinción de incendios. Muchos trabajadores no son reconocidos como bomberos profesionales, sino como peones forestales, lo que conlleva menores derechos laborales, menor estabilidad y peores condiciones de jubilación respecto a sus homólogos en entornos urbanos.

Este déficit de reconocimiento no solo afecta a sus condiciones materiales, sino también a su protección psicosocial y a la gestión de los riesgos emocionales que acompañan a una actividad altamente exigente y peligrosa.

Contratos laborales: fijos discontinuos y eventuales

La precariedad laboral de los bomberos forestales se ve agravada por la modalidad de contratación, mayoritariamente basada en contratos fijos discontinuos o eventuales. Esto provoca que gran parte de la plantilla quede sin empleo al terminar la temporada de incendios y perciba durante los periodos inactivos salarios muy reducidos, en algunos casos por debajo de 800 euros mensuales.

Además, los días en que las condiciones meteorológicas impiden la intervención no suelen ser remunerados y se contabilizan como ausencias injustificadas, afectando la estabilidad económica de los trabajadores. Esta situación ha motivado movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales, estabilidad y reconocimiento profesional. La dependencia de contratos temporales no solo impacta en la vida de los trabajadores, sino que también compromete la seguridad y la eficacia en la lucha contra los incendios forestales.

Riesgos psicosociales

Hasta ahora, la mayor parte de los estudios sobre este sector han puesto el foco en el trastorno de estrés postraumático (TEPT). La evidencia científica muestra cifras preocupantes: entre el 10 % y el 37 % de los bomberos forestales podrían desarrollar síntomas compatibles con esta patología.

Sin embargo, las investigaciones también evidencian la necesidad de ampliar el análisis a otros problemas de salud mental igualmente relevantes:

• Ansiedad: casi la mitad de los profesionales (49 %).
• Depresión: un 44 %.
• Ideas suicidas agravadas por el estrés laboral: en torno al 16,5 %.
• Abuso de sustancias: más de 1 de cada 5 (22,7 %).

A estos problemas se suman factores estructurales que agravan la situación: jornadas prolongadas, descansos insuficientes, alta probabilidad de accidentes, exposición a temperaturas extremas, inseguridad contractual y escaso apoyo psicosocial tras accidentes o situaciones críticas.

El marco normativo

En noviembre de 2024 se aprobaron nuevos estatutos para agentes ambientales y bomberos forestales (Ley 4/2024 y Ley 5/2024). Estas normas introducen un marco para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la atención a los riesgos psicosociales y la perspectiva de género.

No obstante, hasta la fecha, este marco normativo aún no se ha implementado de manera efectiva. Ello supone una oportunidad pendiente para profesionalizar el sector, reducir desigualdades y garantizar mecanismos de apoyo psicológico estables y accesibles.

La protección de la salud mental de quienes apagan los incendios forestales no es un asunto secundario ni una cuestión privada. Se trata de un reto de salud pública, de justicia laboral y de derechos fundamentales.

La evidencia disponible, aunque limitada, es suficiente para impulsar políticas activas que:

• Fortalezcan la prevención de riesgos psicosociales en el sector.
• Mejoren las condiciones laborales y contractuales.
• Incorporen apoyos psicológicos continuos y no solo reactivos tras emergencias.
• Avancen en igualdad de género, favoreciendo la inclusión de mujeres en un ámbito históricamente masculinizado.

FUENTE: LARPSICO