La justicia refuerza la protección durante el embarazo de las trabajadoras de la sanidad canaria y condena a la mutua
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias concede a las trabajadoras la prestación por riesgo durante la gestación que la Mutua de Accidentes de Canarias les había denegado
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) refuerza la protección durante el embarazo de las trabajadoras de la sanidad pública. Al menos dos recientes sentencias de la Sala de lo Social, una de ellas ya firme, reconocen el derecho de las demandantes a percibir una prestación, la de riesgo durante la gestación, que les había denegado la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), la entidad que gestiona los fondos sobre contingencias profesionales del personal estatutario del Servicio Canario de Salud (SCS).
Los casos son similares y se remontan a 2021. Una de las demandantes trabajaba como auxiliar de enfermería en una planta de hospitalización de pacientes con Covid. La segunda es enfermera y ejercía en urgencias. Ambas solicitaron la prestación por riesgo durante el embarazo en la semana 16 de gestación y la mutua se las denegó, por lo que decidieron acudir a los juzgados con el asesoramiento legal del sindicato Asaca.
En los dos casos, el Servicio Canario de Salud certificó que no era posible la adaptación o el cambio de puesto de trabajo de las embarazadas, “al tener todos los puestos de esta categoría profesional similares riesgos”. Por ello, fueron derivadas a la mutua, que determinó, a partir de la documentación aportada, que la actividad laboral de las solicitantes no podía ser considerada de riesgo en esa semana de gestación.
La Sala de lo Social del TSJC responde que la mutua hace una evaluación de riesgos “de manera abstracta y con base en una guía general que no tiene en cuenta las especificidades del puesto de trabajo” y que, además, ese análisis no cumple con las directrices y la jurisprudencia europea que exigen “un examen sistemático de todos los aspectos de la actividad profesional”.
Las sentencias, además de reconocer el derecho de las trabajadoras embarazadas a esa prestación y, por tanto, de obligar a la Mutua de Accidentes de Canarias a abonarla, condena a esta entidad al pago de las costas procesales, 800 euros en cada caso.
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